INFORME ESPECIAL. Tarifazos y crisis social. Cash Página 12

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Tarifazos y crisis social
 
 
28 de abril de 2019
INFORME ESPECIAL. Tarifazos y crisis social
En la morsa
Los ajustes en energía en el gobierno de Cambiemos alcanzaron 3756 por ciento en el grupo de los residenciales de consumo medio. La tarifa de agua aumentó muy por encima de la inflación y de las paritarias de los trabajadores registrados. En gas, los incrementos más significativos fueron en los hogares donde el consumo es más bajo, con un alza acumulada de 2042 por ciento. En 2015, la participación de la canasta de consumo de servicios públicos en el salario mínimo era de 6,3 puntos porcentuales. En 2018, ese ratio llega a 23,5 por ciento, incluyendo los gastos en transporte.
Por EPPA​

Previo a asumir el Gobierno, el actual oficialismo afirmaba que las tarifas debían ser gratis para las clases sociales más bajas. Incluso la actual vicepresidenta, Gabriela Michetti, denunciaba “tarifazos” en dicho año. Una vez asumido el poder por parte de Cambiemos, el discurso tuvo un viraje de 180 grados. A través de los medios hegemónicos, los funcionarios hablaban de “sinceramiento” y de la “fiesta vivida en los últimos años”. Pasaron de considerar que se podía vivir mejor a que se vivía demasiado bien. Hasta el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, dice ahora que no cree que “la energía sea un derecho humano”. Estos comentarios son coincidentes con la política tarifaria llevada adelante por el gobierno de Macri. Estudios técnicos elaborados por analistas de todo el espectro ideológico, relevaron y cuantificaron los aumentos de las tarifas de los servicios públicos en los últimos años. Existe coincidencia en que los aumentos fueron excesivamente elevados y cuyo costo cada vez tiene un mayor peso en los ingresos de los trabajadores.

Luz, gas y agua

Bajo el supuesto de que los aumentos a lo largo de este año solo sean los ya anunciados, y no surjan nuevos como sucedió en años anteriores, se asume que los ajustes en la energía pueden llegar a alcanzar un 3756 por ciento en el grupo de los residenciales del tipo 5. Estos usuarios son los que consumen de 451 kWh a 500 kWh; es decir, un consumo medio. Según uno de los relevamientos, el gobierno terminará subiendo las tarifas eléctricas en un 2993 por ciento promedio para todos los usuarios residenciales. Los usuarios catalogados por su consumo como R5 son los que más sufrieron el aumento de sus tarifas. Después les siguen los del tipo R4 (+3668 por ciento) y R3 (+3612 por ciento), que tienen un consumo entre 326 kWh y 450 kWh. Lo llamativo es que los usuarios que menos sufrieron el incremento del costo de la energía eléctrica son aquellos que tienen un mayor grado de consumo. El usuario R9 sufrió en estos tres años un incremento del 1053 por ciento y en el total de la gestión sería de un 1686 por ciento.

La misma situación se repite en el caso de las tarifas de gas donde los aumentos más significativos se producen en aquellos hogares donde el consumo es menor. Los usuarios del tipo R21 son los que más sufrirán el tarifazo, donde el acumulado en la gestión Cambiemos será de 2042 por ciento. En el otro extremo, los sectores de mayor consumo percibirán un incremento de sus costos en 658 por ciento.

En cuanto a la tarifa de agua, además que como el resto de los servicios aumentó muy por encima de la inflación y las paritarias de los trabajadores registrados, llama la atención que sea la tarifa tasada por medidor la que más aumente. Se entiende que aún sigue siendo más económico, en la mayoría de los casos, disponer de un medidor. Sin embargo, el hecho de que en estos tres años las facturas de agua aumenten, para aquellos que tienen medidor, al menos 1285 por ciento significa un desincentivo para su colocación. Por su parte, los usuarios que no colocaron el medidor sufrirán un incremento de 872 por ciento.

En la misma línea se verifica en las variaciones en los cargos fijos y en  las variables. En este caso se observa que el costo variable fue lo que más aumentó en las familias de poco consumo energético, mientras que en las familias de un consumo medio-alto el mayor incremento se dio en el cargo fijo por categoría.

Carga sobre los ingresos

Lo relevante del aumento en las tarifas es el impacto que tiene en el bolsillo de los consumidores. Vale entonces precisar la medición de la ponderación que tienen sobre distintos tipos de ingresos (y sus gastos). Para indagar en el peso diferencial de los servicios a partir del proceso de transferencia de recursos desde los consumidores a las empresas energéticas, se compara la evolución del peso de una canasta hogareña de consumo de servicios públicos en los salarios mínimo y medio.

De los cálculos se deriva que la canasta construida aumentó considerablemente su peso en los ingresos de la población (tanto en el salario medio como el salario mínimo). En 2015, la participación de la canasta en el salario mínimo era de 6,3 puntos porcentuales, mientras que en 2018 ese ratio llega a 23,5 por ciento, incluyendo los gastos en transporte. Esto representa un aumento de 17,2 puntos porcentuales en apenas tres años. 

Por otro lado, luego de los aumentos que se anunciaron para este año y teniendo como horizonte temporal junio próximo, se estima que la canasta llegue a significar el 26 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Sin los gastos en transporte, el peso de la canasta en el salario mínimo (“la canasta energética”) fue 16,3 por ciento en 2018 y pasará a 18,3 por ciento en junio de este año. 

En todos los casos se tratan de cálculos conservadores, dado que tienen en cuenta que solo se analizaron las subas anunciadas hasta el momento, quedando fuera del presente abordaje posibles aumentos adicionales. En este contexto de tarifazos, la Argentina está sufriendo un notable incremento de la población en condiciones de “pobreza energética”, ya que el peso del gasto de los servicios públicos en el ingreso se ha multiplicado con creces.

Sin embargo, desde el gobierno insisten en que esta situación se debe a que antes las tarifas eran muy baratas. El hecho de que los servicios se paguen por debajo del precio que rige en el resto de la región no implica que sea una medida económica contraproducente. El subsidio a las tarifas implicó, para el gobierno anterior, una política contracíclica luego de que la gran crisis de 2008 empiece a replicarse en los países emergentes. 

Más relevante que el porcentaje que ocupa el pago de las tarifas dentro del total del ingreso es el porcentaje disponible para tener la capacidad de consumir otros bienes y servicios. En ese sentido, el subsidio a las tarifas fue una política económica expansiva que logró revertir el contexto internacional e interno para volver a crecer en 2015 un 2,7 por ciento. Lamentablemente, con el cambio de color político a cargo del Poder Ejecutivo se llevó adelante un ajuste histórico y en un mal momento. Es que la economía en 2015 estaba volviendo al sendero del crecimiento pero aún faltaban los incentivos necesarios para que el avance del consumo se transforme en nuevas inversiones. Y fue ahí que apresuradamente llevaron adelante esta medida regresiva que redujo el consumo y alejó aún más las inversiones.

De esta manera se puede observar, por un lado, como la población ha pasado de destinar en promedio 6 por ciento del salario mínimo para pagar las tarifas de los servicios públicos a superar el 26 por ciento a partir de los últimos ajustes. Hace poco más de tres años, Argentina se posicionaba como el país de la región con las tarifas de los servicios públicos más accesibles. Sin embargo, la política de “recomposición” llevó las tarifas a niveles incluso más altos que los de los países con estructuras históricamente liberalizadas. 

En términos porcentuales, Argentina aumentó 20 puntos de incidencia tarifaria en relación a 2015. Es decir, el peso del gasto en servicios como porcentaje del salario mínimo más que se cuadruplicó en poco más de tres años. Para contextualizar, a partir del impacto que representa la primera cuota de aumentos de transporte y agua potable en enero pasado, Argentina país pasó a superar a Chile en ese ranking. Así, mientras Chile supo ser el país más caro de la región, gracias a una sostenida estabilidad nominal hoy logró reducir el peso tarifario. Actualmente Argentina ya se posiciona 1,6 puntos porcentuales por encima. Por su parte, también se amplió la distancia sobre Brasil (+5,0 puntos), Perú (+6,2 puntos) y Ecuador (+6,6 puntos).

Subsidios y déficit fiscal

Si el argumento expuesto por el gobierno para justificar su política tarifaria era la preocupación por el déficit fiscal, la evolución presupuestaria muestra el fracaso de esa estrategia. La política energética de Cambiemos dolarizó el precio interno de la energía y con la devaluación en 2018 los gastos en subsidios energéticos aumentaron considerablemente. El año pasado, la ejecución presupuestaria base caja arrojó un gasto en subsidios energéticos de 177.887 millones de pesos, lo que representa un incremento de 41,6 por ciento respecto de 2017, unos 52.234 millones de pesos adicionales. 

Si se compara dicho incremento con otros rubros, se advierte el fuerte salto relativo, ya que todo el Gasto Primario tuvo una suba del 24,4 por ciento. Así, a pesar de los tarifazos soportados por la población, la situación fiscal estuvo lejos de la proyectada por el oficialismo. Mientras, el aumento de tarifas y los subsidios solo contribuyeron a incrementar las ganancias extraordinarias de las empresas monopólicas que prestan el servicio. Este último aspecto es controversial porque es el Estado, con los subsidios, y los consumidores, con los tarifazos, quienes están aportando el capital para las inversiones que realizan las empresas y reclamaba el gobierno, independientemente si eso se está haciendo en la medida correcta dado el salto en los ingresos de las prestadoras. 

La lógica del funcionamiento de una economía de mercado implica todo lo contrario: son las empresas las que deben buscar financiamiento y aportar el capital para las inversiones de infraestructura y realizar las ganancias posteriormente, más aún en un mercado monopólico y de bajo riesgo.

Con todo, desde EPPA promovemos una discusión amplia sobre la cuestión tarifaria, que pueda ser abordada en profundidad y sin caer en análisis falaces. Creemos que después de semejante proceso de transferencia de recursos desde las familias, comerciantes y empresarios hacia el capital transnacional concentrado, es necesario poner un tope objetivo a los incrementos. 

La razonabilidad que consignó la Corte Suprema en su fallo de 2016, implica un criterio de ajuste a tono con la evolución de salarios, de modo tal de dar un primer paso en pos de desdolarizar la evolución de las tarifas. En tal sentido, es fundamental propiciar consensos para efectuar una nueva revisión tarifaria integral, con el propósito de establecer de manera objetiva cuál es el costo de producción del servicio, en sus diferentes etapas. 

Para ello, se plantea la necesidad de creación de un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria, en el marco del Congreso, con el objetivo de constituirse en un órgano que coadyuve en la representación de todos los sectores que se ven involucrados y afectados por el modelo de desregulación total y fijación de la tarifa por mecanismos exclusivamente de libre mercado.

*  Documento suscripto por 260 economistas de Economía Política para la Argentina (EPPA).

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